La Ética de denunciar al Gobierno (whistleblowing)

La Ética de denunciar al Gobierno (whistleblowing)

Bradley (ahora Chelsea) Manning filtró  más de 750,000 documentos clasificados a WikiLeaks, Julian Assange publicó los documentos secretos filtrados por Manning, y Edward Snowden lanzó el silbato al programa de vigilancia nacional e internacional de la Agencia de Seguridad Nacional. La interpretación de estos actos dio lugar a un dilema ético porque para algunas estas personas actuaron de manera heroica, pero para otras eran "antiamericanas" y "traidoras". Por un lado, hay buenas razones para condenar a quienes incautan ilegalmente y buscan difundir información de seguridad nacional; por otro lado, las filtraciones a menudo desempeñan un papel importante al exponer los delitos graves cometidos por el gobierno e informar al público.

“la denuncia del gobierno (whistleblowing)”, implica la adquisición no autorizada y la revelación de la información clasificada sobre el estado o gobierno. Lo que importa es que la denuncia del gobierno es externo e ilegal, mientras que “la denuncia pública”, es típicamente interno y legalmente protegido.

Parece que la diferencia principal está en el acto y el recipiente de whistleblowing. En primer lugar, mientras que los  whistleblowers corporativos y públicos a menudo actúan dentro de la ley pasando por los canales apropiados de peticiones, los whistleblowers del gobierno, por entendido, terminan por destinar delitos robando y escapándose la información clasificada, aun cuando comenzaron por el protocolo. En segundo lugar, en vez de relatar la información a las autoridades, como los whistleblowers corporativos y públicos por lo general hacen, los whistleblowers hacia el gobierno transmiten la información al público (directamente o indirectamente vía una salida de noticias).

En teoría el whistleblowing se ve como un instrumento crucial de la aplicación de la ley en el sector público. Así en 2009 el presidente Barack Obama elogió a los whistleblowers en referencia a la Acción de Lloyd la Follette de 1912 que garantiza el derecho de empleados federales de amueblar la información al Congreso estadounidense y los protege del descarte injusto. La Ley de protección de Whistleblower Militar asegura el derecho de miembros de las fuerzas armadas para comunicarse con cualquier miembro de Congreso, etc.

Los empleados y los contratistas a menudo prestan un juramento para no revelar la información clasificada que se basa en un deber moral pro tanto de mantener en secreto información confidencial. Muchos whistleblowers no afirman jurar un juramento, sino que juraron proteger y defender la Constitución. De ahí, los empleados del gobierno dados de alta típicamente tienen una obligación moral de la confidencialidad y se les prohíbe revelar información clasificada.

¿Pero están moralmente obligados los empleados del gobierno a no revelar la información confidencial simplemente en virtud de haber prestado un juramento u ocupación de cierta oficina? ¿En efecto somos moralmente ligados por las promesas que hicimos libremente, independientemente del contenido de estas promesas? El argumento que el cuidado de la promesa tiene una superioridad moral general que falla cualquier otra clase del deber moral aun cuando la conducta implica el rendimiento del acto profundamente desagradable es altamente cuestionable. La razón que es que el peso moral de las promesas no predomina a otras obligaciones morales. Podemos afirmar que el deber de guardar secretos suele ser muy pesado en el equilibrio de motivos como es el deber de relatar el abuso del gobierno; en este caso la revelación se puede justificar.

Denunciar al gobierno también implica la traición del país o deslealtad estatal o patriótica. El patriotismo o la deslealtad se pueden determinar buscando los motivos del agente; la exactitud de la acción se evalúa entonces examinando las consecuencias. De aquí en adelante, saber que alguien actuó de la lealtad o de la deslealtad no coloca la pregunta si la acción de alguien se justificó.

La acción no está en las motivaciones no patrióticas del agente, pero en los efectos potencialmente dañinos puede causar la seguridad de un individuo, la seguridad nacional, y o la confianza del público. En su discusión de la fuerza moral de la ley en Summa Theologica, Aquinas sostiene que los sujetos desafiando leyes injustas que son “al contrario del bien común” deben pesar con cautela y pensativamente los gastos esperados y las ventajas de la desobediencia contra los causados por la conformidad con la ley.